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jueves, 27 de octubre de 2016

Pronunciandome contra la Dictadura en Venezuela


En la Universidad Central de Venezuela

El día de ayer, ceñido con la gorra tricolor, un símbolo nacional que hoy más que nunca representa a la oposición democrática en Venezuela, leí en mis horas de clases, tanto en la UCV como en la UCAB, los respectivos comunicados de sus Consejos Universitarios (ver aquí y aquí) pronunciándose sobre la grave situación que vive Venezuela en estas importantes horas históricas, fijando también así mi posición al respecto, pues creo que no se debe fingir normalidad institucional, cuando la situación es altamente delicada y muy anormal. No podemos ser neutrales ante la violencia, la represión y la tiranía. Cometemos el peor de los abusos: la indiferencia. Como ciudadanos hay que dar un paso al frente y perder el miedo contra la dictadura y la inconstitucionalidad, es necesario rescatar la Democracia y la legalidad, y en este propósito las Universidades como recintos de luz, pluralismo y saber, son los mejores espacios para alentar a la sociedad por la opción ética de oponerse a algo incorrecto, perjudicial y malévolo para todos por igual. ¡No a la Dictadura en Venezuela, Sí a la Democracia y la constitucionalidad!  

En la Universidad Católica
Andrés Bello

¡Gracias por leerme!

Dantesol


martes, 25 de octubre de 2016

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCAB


A continuación transcribimos el comunicado del Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, la principal universidad privada del país:



UCAB ante grave alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela #Comunicado

El Consejo Universitario en sesión ordinaria de fecha 25 de octubre de 2016,

Considerando

El deber que corresponde a las Universidades en la orientación de la vida del país mediante nuestra contribución en el esclarecimiento de los problemas nacionales, conforme a lo establecido en la Ley de Universidades y en el Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello,

Considerando

Que Venezuela vive una grave alteración del orden constitucional y democrático, que se evidencia a través de un proceso sostenido desde enero de 2016 en el que se ha venido empleando a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para despojar a la Asamblea Nacional de su independencia y del cumplimiento de sus funciones contraloras y legislativas. Al tiempo que se ha intensificado la persecución política, el uso de la violencia contra dirigentes opositores y la criminalización del derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos.

Considerando

Que el 20 de octubre, el Consejo Nacional Electoral, basado en las sentencias de algunos Tribunales Penales de la República, decidió suspender temporalmente la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad para el Referendo Revocatorio Presidencial, pautada para los días 26, 27 y 28 de octubre de 2016, violando abiertamente el orden constitucional y los derechos y garantías del pueblo venezolano, llegando de esta manera a un punto de inflexión inadmisible en la violación del orden constitucional.

Considerando

Que frente a estos hechos, la Asamblea Nacional aprobó, el 23 de octubre de 2016, un Acuerdo en el cual, entre otros puntos, declaró “la ruptura del orden constitucional”;

Considerando

Que la Asamblea Nacional es el órgano que representa a todos los venezolanos y venezolanas, y que por lo tanto, sus decisiones constituyen la legítima expresión de la voluntad general, de conformidad con los principios que informan la democracia constitucional;

Considerando

Que el mencionado Acuerdo de la Asamblea Nacional reitera la posición institucional de esa Asamblea al denunciar las graves y reiteradas violaciones a la Constitución, las cuales han afectado el orden democrático y por ello, la convivencia pacífica en Venezuela;

Considerando

Que la suspensión del procedimiento del referendo revocatorio, como resultado de una decisión injustificada del Consejo Nacional Electoral, afecta los mecanismos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la solución pacífica de la grave crisis por la que atraviesa el país;

Considerando

Que como muestra de la grave situación de ingobernabilidad del país, la sesión del 23 de octubre de 2016 de la Asamblea Nacional fue interrumpida por hechos violentos;

Acuerda

Primero: Rechazar la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender el procedimiento del referendo revocatorio del mandato presidencial, desconociendo con ello la legítima voluntad de los ciudadanos que, de acuerdo con el propio Consejo, lograron cumplir con el requisito que exigía reunir al menos el uno por ciento (1%) de las manifestaciones de voluntad de los electores para promover el referendo revocatorio.

Segundo: Condenar los hechos violentos por los cuales se asaltó el Salón de Sesiones del Palacio Federal Legislativo durante la sesión de la Asamblea Nacional del 23 de octubre de 2016, todo lo cual evidenció el irrespeto flagrante a un Poder Público legítimo y una grave falla por parte de los cuerpos de seguridad encargados de resguardar ese recinto.

Tercero: Respaldar el Acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado el 23 de octubre de 2016, como legítima expresión de la voluntad general del pueblo venezolano, así como los esfuerzos que el Parlamento está realizando para reestablecer la vigencia efectiva de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Cuarto: Reiterar el deseo de que la grave crisis que atraviesa el país pueda ser resuelta a través de mecanismos que, amparados en la Constitución, permitan el reestablecimiento inmediato de la paz social, de la convivencia pacífica y del Estado de Derecho en Venezuela, con pleno respeto de los derechos humanos y del pluralismo político.

Quinto: Solicitar la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución arbitraria.

Sexto: Respaldar todos los esfuerzos necesarios para generar una gran sinergia social de recursos y posibilidades a favor de la restitución del orden constitucional, tales como la presión ciudadana a través de la manifestación pacífica, la presión institucional a través de la Asamblea Nacional, la búsqueda de apoyo internacional y la búsqueda de acuerdos a través de la negociación y el diálogo entre oposición y gobierno.

Séptimo: Respaldar la Mesa de diálogo nacional que se instaló el lunes 24 de octubre, presidida por el Nuncio Apostólico en Argentina, Mons. Emil Paul Tscherrig, enviado especial de Su Santidad el Papa Francisco. Especialmente nos solidarizamos con la propuesta de un diálogo transparente con premisas, tema, metodología y cronograma avalados por las partes y la intención de que los acuerdos alcanzados se cumplan. Entendemos que el hecho de sentarse a dialogar no implica la suspensión de manifestaciones públicas que los ciudadanos legítimamente quieran realizar.

Octavo: Exigir a la Fuerza Armada Nacional el cumplimiento del contenido del artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual esa institución está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.

Como comunidad universitaria estamos muy conscientes de la gravedad de este momento de la vida nacional. Rescatar el orden constitucional equivale a rescatar el Estado de Derecho y sus instituciones. Con esta meta estamos comprometidos en consonancia con nuestra tradición y valores.

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario a los 25 días del mes de octubre de 2016.


Francisco J. Virtuoso, s.j.                                                  Magaly Vásquez González
    Rector                                                                                              Secretaria

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Aquí se puede leer la versión on-line publicada en el semanario "El Ucabista"

lunes, 24 de octubre de 2016

Pronunciamiento de la Asociación de Profesores de la UCV




LA APUCV CONVOCA AL PROFESORADO A CONTRIBUIR CON LA RESTITUCIÓN
DEL HILO CONSTITUCIONAL

“Si no hay justicia para el pueblo
Que no haya paz para el gobierno”
Emiliano Zapata

Con estricto apego a lo establecido en el Artículo primero de la Ley de Universidades, que define a la misma como “esencialmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”, acuerda dirigirse a nuestros agremiados, a quienes nos toca educar y a la sociedad venezolana para exponer con rigurosidad metodológica nuestra posición con respecto a los últimos acontecimientos que afectan el destino de la nación.

Los valores trascendentales del hombre tienen su origen en la Declaración de los Derechos del hombre y el ciudadano (1789) la cual, en su artículo dos, establecía que “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.”

De igual manera establecía en su artículo tercero que “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.” Y en su artículo diez y seis estipulaba que “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.”

Esos valores trascendentales fueron recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, firmada por el Estado Venezolano.

Dicha declaración en su Preámbulo señala que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”; y que “es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”

En correspondencia con tales valores y principios la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos (art.5) que el Estado garantizará los derechos humanos, su respeto por los órganos del Poder Público (art.19) y que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno (art.23).

Es con fundamento en el análisis de estos derechos y las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Nacional, los Tribunales de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral que ratificamos la pérdida del hilo constitucional y por ende el establecimiento de un gobierno dictatorial. Tal conclusión se deriva de los siguientes hechos violatorios de la Constitución:

a) Corresponde a la Asamblea Nacional aprobar el presupuesto de la nación (art.187, #6) y no al TSJ, organismo que desconoció una institución del Estado emanada de la soberanía popular y que tiene entre sus atribuciones designar a los integrantes del TSJ.
b) Los Tribunales penales no tienen competencia en el área electoral y por ende su decisiones estuvieron al margen del derecho, más aún cuando las evidencias que supuestamente evidenciaban un fraude electoral fueron desechadas y el CNE convalidó el 1% de la firmas recolectadas.
c) El CNE, al posponer la recolección del 20% convalidó una actuación ilegal de los Tribunales Penales, desconoció un derecho constitucional, obviando que “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores" (art.25)
d) Todo lo anterior evidencia la ausencia de separación de poderes y la absoluta subordinación de los mismos a los intereses del partido de gobierno.

La Junta Directiva de la APUCV con fundamento en los artículos 333, 350 constitucional y en la Declaración Universal de los Derechos humanos resuelve:

1) Exhortar al profesorado a dar ejemplo de apego a la Constitución y la Ley de Universidades, dando lectura de este texto en los salones de clase y debatirlo con los alumnos.

2) Invitarlos a la Asamblea General Universitaria a llevarse a efecto el lunes 24 de octubre, a las 9 am, en la Plaza Cubierta del Rectorado, razón por la cual la actividad normal debe ser suspendida y sustituida por la asamblea de los ciudadanos universitarios.

3) Ante la ruptura del hilo constitucional denunciado por la Asamblea Nacional, solicitar un nuevo pronunciamiento del Consejo Universitario

4) Exhortar a los miembros de la comunidad universitaria a movilizarse en el marco de la resistencia pacífica y acompañar todas aquellas acciones dirigidas a restablecer la democracia en el país.

5) Respaldar a la Asamblea Nacional en todas aquellas acciones dirigidas a preservar la constitución y reestablecer la democracia en Venezuela.

6) Invitar a las Asociaciones de Profesores hermanas a pronunciarse públicamente.

7) Hasta tanto no se restituya el hilo constitucional nos declaramos en estado de emergencia.

En Caracas, 23 de octubre de 2016.

jueves, 20 de octubre de 2016

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCV


A continuación transcribimos el comunicado del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, principal universidad pública y la más antigua Casa de Estudios del país:



El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela en sesión ordinaria del día miércoles 19-10-2016, analizó la situación política actual del país y el ejercicio de los derechos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en tal sentido, APROBÓ POR MAYORÍA ABSOLUTA emitir un pronunciamiento en los siguientes términos:

Ante las demostraciones de desprecio absoluto a la Constitución, que recientemente han evidenciado el Poder Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, y en cumplimiento de su función orientadora a los fines del esclarecimiento de los problemas nacionales, estima necesario dirigirse a la comunidad venezolana para alertar sobre lo siguiente: 

1. El ordenamiento jurídico vigente, partiendo de la Constitución, es producto de las transformaciones auspiciadas por quienes tuvieron la mayoría parlamentaria hasta diciembre de 2015. Es evidente que la pérdida del favor popular ha provocado que quienes impulsaron tales cambios, pretendan desconocerlos por la fuerza, dado que su aplicación comporta la necesaria rendición de cuentas al pueblo, por las actuaciones y omisiones que han causado la trágica situación que hoy vive la sociedad venezolana.

2. La insistencia de representantes del gobierno en que no habrá Referéndum Revocatorio, contrariando así el precepto constitucional que lo fundamenta y los intentos por obstaculizar su realización, cuyo episodio más reciente es la sentencia de la Sala Electoral distorsionando el sentido del artículo 72 de la Constitución, al exigir el requisito inexistente del veinte por ciento de manifestaciones de voluntad por cada Estado para solicitar la realización de dicho evento, son claramente reveladores de su decisión de desconocer la democracia como valor esencial de nuestro sistema constitucional.

3. La irregular aprobación del Presupuesto por un órgano distinto al investido por la representación nacional constituye una evidente usurpación de funciones que conduce a la inexistencia de dicho acto y, por tanto, a la responsabilidad civil, penal y administrativa de los perpetradores, conforme al artículo 25 de la Constitución. En consecuencia, solo será válido el Presupuesto contenido en la Ley que apruebe la Asamblea Nacional, en uso de la atribución conferida en el numeral 6 del artículo 187 de la Carta Magna. Es indiscutible que este nuevo atentado contra el Estado de Derecho comporta la violación de uno de los más antiguos y sólidos principios vigentes en el mundo civilizado, como garantía del uso correcto y legal de los fondos públicos por los servidores de cada Nación, quienes quedan sometidos al control de la soberanía popular representada por el Poder Legislativo. El principio de legalidad presupuestaria, como fundamento del control en la utilización de los recursos públicos y de la exigencia de una efectiva rendición de cuentas, ha sido desconocido en Venezuela, por la fuerza de los votos de siete ciudadanos que ostentan cargos de Magistrados y se han puesto al margen de la Constitución. 

4. La inconstitucional aprobación del Presupuesto Nacional 2017, sin la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional constituye un proceder irregular que no sólo atenta contra la estabilidad y el desarrollo económico y social del país, sino también contra la formación profesional de las nuevas generaciones dado que somete a las Universidades Nacionales a un presupuesto incierto, sin consulta sobre sus necesidades, que les impide una planificación adecuada y precisa para avanzar en sus objetivos, orientados a la búsqueda y producción de conocimientos a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, y a las labores de docencia y extensión, para beneficio del país.

5. El estado de descomposición y quebrantamiento institucional derivado de las violaciones a la Constitución cometidas por el Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, alcanza hoy un alto nivel, que se manifiesta en forma ostensible en la intención expresada por distintos voceros del gobierno, de NO QUERER realizar las elecciones de Alcaldes y de Gobernadores de Estado, previstas y presupuestadas para este año. La decisión del CNE, comunicada ayer, de diferir para 2017 dichas elecciones, es un nuevo agravio a la Constitución que se suma a la ruptura del orden constitucional que vive el país.

6. La separación de poderes es un presupuesto básico del pacto de convivencia que adoptamos los venezolanos, expresado en todas las Constituciones que hemos tenido y se cuenta entre las razones jurídico-políticas que nos llevaron a independizarnos del Reino de España y a adoptar las formas republicanas como sistema político. Por tanto, la sociedad en pleno debe rechazar el autoritarismo que se refleja en las repudiables conductas del Ejecutivo Nacional hacia el CNE y el Poder Judicial, cuando aquél le ordena proceder a una acción u omisión que se encuentra fuera de sus competencias y éstos obedecen sumisamente.

7. Conforme a la Constitución, es necesario respaldar a la Asamblea Nacional, para hacer efectiva la soberanía popular que ella encarna y restablecer así el Estado de Derecho frente a la írrita pretensión del gobierno y otros poderes públicos, de desconocer al pueblo que mediante el sufragio el 6 de diciembre de 2015, la invistió con los poderes de consagrar en leyes la expresión de la voluntad general y de controlar las actuaciones y exigir rendición de cuentas de los otros Poderes Públicos.

8. Finalmente, cabe destacar que la ética es un valor fundamental en la Constitución venezolana. Un Estado constitucional supone la capacidad institucional para hacer valer la ética pública consagrada en la Constitución. El tejido institucional debe afianzar los valores superiores de libertad, igualdad, seguridad jurídica y solidaridad. Asimismo, el sistema de valores del Estado constitucional debe promover sistemáticamente la paz, entendida como la manifestación externa de los distintos equilibrios que deben alcanzarse en las relaciones del grupo social. Es decir, la paz, además de un valor en sí misma, es la expresión visible de la realización de la justicia, que surge de la efectiva vigencia de los derechos fundamentales y del respeto a la dignidad humana y la autonomía moral, que permite que la ciudadanía pueda contar con la satisfacción de sus necesidades básicas. Al romperse uno de los equilibrios que persigue la ética pública, como la lesión a los derechos fundamentales, la paz es puesta en peligro. La beligerancia política que ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia al convertirse en soporte del Poder Ejecutivo, está claramente reñida con la ética pública y constitucional que exige un Poder Judicial auténticamente independiente y autónomo.

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil
dieciséis (2016).

NICOLÁS BIANCO COLMENARES, Rector (E)

AMALIO BELMONTE GUZMÁN, Secretario.

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Aquí versión en archivo PDF para leer y descargar.


miércoles, 19 de octubre de 2016

VENEZUELA EN DICTADURA




El gobierno de Nicolás Maduro, ha decidido confirmar abiertamente lo que ya sabíamos y vivíamos desde hace un buen rato en Venezuela: que este es un gobierno IRRESPETUOSO DE LAS LEYES y ahora, es abiertamente INCONSTITUCIONAL, pues gracias a un Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, cómplice, "se va a pagar y dar el vuelto" así mismo, pasando por encima de los Poderes Públicos legítimos y sobre todo: de la Soberanía popular, que se expresó plenamente el 6-D de 2015.



Así pues, en Venezuela se ha producido una grave violación de la Constitución Nacional ejecutada por su presidente al aprobar ilegalmente -y con la complicidad de un muy cuestionado Tribunal Supremo de Justicia- un Presupuesto de la Nación sin la respectiva autorización de la Asamblea Nacional, que es un poder publico legítimo, electo por la Soberanía Popular. Este hecho es sumamente GRAVE y que nos coloca en una hora histórica crítica porque ratifica ante Venezuela y el mundo la voluntad de este gobierno de irrespetar las leyes y todo el Estado de Derecho y de Justicia únicamente para mantenerse en el poder a como de lugar. A partir de este momento, todos nuestros derechos y garantías quedan en entredicho y la Democracia queda en suspenso, teniendo un solo Poder Público, el Ejecutivo, atribuciones absolutas. Pasamos entonces a una hora oscura en que se viola abierta y descaradamente nuestra Ley fundamental, se ignora un Poder público legítimo avalado por el voto popular como es el Legislativo y que se obstaculiza al máximo la aplicación de un derecho soberano y constitucional como es el de votar en elecciones a través de un Referéndum Revocatorio.

¡Defendamos la Constitución! 

Y justamente, como si todo esto fuera poco y no lo suficientemente grave, este gobierno a través de su Poder Judicial (TSJ o Tribunales del interior del país) han paralizado la activación del Referéndum Revocatorio y el Consejo Nacional Electoral, CNE se presta complaciente para tal fin. Definitivamente tienen miedo a unas elecciones y nuevamente vuelven a violar la Constitución Nacional de manera clara y abierta como hicieron con el Presupuesto Nacional. Ya no hay otra forma de decirlo sino que EN VENEZUELA HA COMENZADO UNA DICTADURA, hecho ya reconocido por sectores sociales importantes dentro del país, y también por la prensa internacional. Si hay un momento oportuno y adecuado para organizar una rebelión ciudadana es AHORA, pero justamente este es el momento de la política, no de la locura, el apasionamiento ni la improvisación. Confío en la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, principal coalición opositora nacional,  para que tomé las medidas a lugar, sabiendo la importante hora histórica que enfrentamos y que también puedan estar a la altura de las circunstancias: No debemos desanimarnos ni tampoco desactivarnos, pero no podemos seguir actuando con miedo pues podríamos caer en la desesperanza o la desesperación. Si el 80% del país desea Referéndum y se opone a Maduro, debemos conducir a esa masa humana y hacer sentir que somos mayoría decisivamente. Es el momento de demostrar de verdad que la Soberanía esta en el Pueblo. Debemos rescatar a la Democracia.



Creo que es momento que la población venezolana de todas nuestras latitudes, de un paso al frente y diga sin miedo: ¡NO MÁS! en defensa de nuestra Democracia y el derecho de tener un futuro mucho mejor.

¡Muchas gracias por leerme!

Dantesol 

lunes, 3 de octubre de 2016

Un país dividido entre la Paz y la Justicia


Captura de la página oficial de la Registraduría Nacional de Colombia
(su oficina electoral) sobre los resultados del Plebiscto por la Paz


Asombroso resultó ver cómo Colombia se dividió no sólo demográficamente, sino también geográficamente con este plebiscito: las zonas rurales, (las más afectadas por la guerra) optaron por la Paz (El "Sí") mientras que las urbanas, prefirieron respaldar la Justicia (El "No"). Definitivamente un país polarizado. Insisto que también que habrá que analizar el alto porcentaje de la abstención.

Tal como dije, los colombianos, decidieran lo que decidieran sobre su proceso de reconciliación harían Historia, y vaya que lo hicieron. Son una sociedad polarizada por el tema de la violencia que han vivido por más de medio siglos, y puestos a escoger entre la Justicia y la Paz, por una diferencia mínima ("cabeza a cabeza", diría Gardel) optaron por decir "No" a una Paz que no parecía hacer Justicia a muchos afectados por ése duro conflicto. La abstención es sumamente llamativa. Y habrá que analizar ése silencio. Las FARC por un lado y Santos por otro, reciben un duro golpe en su prestigio, y Uribe, sale fortalecido ahora. 

Veremos qué ocurre ahora. Definitivamente América Latina es tierra de constantes sorpresas y dinamismos. Su Historia jamás será aburrida.

¡¡¡Gracias por leerme!!!

Dantesol